El repudiable golpe cívico militar en Honduras, perpetrado contra el digno pueblo catracho y el gobierno constitucional del Presidente Manuel Zelaya, es también un golpe a las condiciones de institucionalización democrática y popular que hoy predominan en América Latina.
Sus ejecutores y sus mandantes son parte de la vieja tradición golpista y autoritaria que asolara al continente en décadas pasadas. Ahí están los que mantienen una estrecha relación y dependencia con los halcones norteamericanos, las grandes fortunas familiares, los medios de comunicación alquilados por los poderosos, los narcotraficantes, la cúpula eclesiástica que los bendice y todos aquellos que, con su silencio cómplice, alientan un regreso de la nación hondureña al redil de los dominados. Se trata de la faz más terrible y salvaje de la derecha continental, aquella que ya intentara golpear a los gobiernos de Hugo Chávez y de Evo Morales y que, de modos más encubiertos, insiste en desgastar a las experiencias democráticas y populares en distintos países instalando, con gradaciones diversas, una misma situación destituyente. En el mismo sentido, se inscribe el retaceo, la parcialización, la minimización y la tendenciosidad de la información distribuida por los grandes medios internacionales y nacionales que impide a las grandes mayorías enterarse de lo que realmente le está ocurriendo al hermano pueblo hondureño.
Saludamos la inmediata y directa participación de varios mandatarios de la región, entre quienes se encuentra la Presidenta de los argentinos, así como el papel que ellos cumplieran en la resolución adoptada por la OEA y ahora en la reunión del Mercosur. Pero la barbarie de los golpistas hondureños, que ya ha cobrado vidas y decenas de heridos entre el pueblo pacífico y desarmado, ha impedido el retorno efectivo del Presidente Zelaya a su país. También impiden dicho retorno las recientes amonestaciones explicitadas por la diplomacia norteamericana que, en definitiva, continúa legitimando la existencia de “dos partes” en conflicto.
Por ello, debe haber un claro e inequívoco pronunciamiento de todos los bloques parlamentarios, los partidos políticos, las centrales sindicales, los movimientos sociales, las agrupaciones estudiantiles, los dignatarios de todos los credos y aun los representantes de las organizaciones patronales. Nadie en la Argentina debería permanecer al margen de la solidaridad activa con el pueblo y el gobierno constitucional de Honduras, so pena de apañar la barbarie con una actitud equívoca y especuladora. De hecho, quienes en esta hora dramática de las democracias del continente optan por el silencio o la crítica oblicua, asumen una muy concreta responsabilidad en contra de los intereses reales de la inmensa mayoría de los argentinos.-
