Declaraciones

EL ACUERDO CON EL FMI DEBE SER IMPEDIDO EN EL CONGRESO

Porque….

                 La definición de recurrir al FMI y el préstamo stand-by acordado significan la profundización de las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos. Las condicionalidades del acuerdo acentuarán las políticas de ajuste. Las tarifas seguirán subiendo por la reducción planeada de subsidios, aumentarán los despidos en el sector público y las caídas del salario real de los trabajadores en ese ámbito, se recortarán drásticamente las transferencias de recursos a las provincias. La obra pública encarada y prevista por el Estado prácticamente será suspendida con el impacto que ello provocará en términos de reducción de la actividad económica. Mientras tanto, se reforzará el impulso de los emprendimientos público-privados, en los que la inversión privada es cubierta con la recaudación futura de peajes, tarifas y precios que garanticen la rentabilidad de la misma, y avalada por el Estado en caso de situaciones imprevistas que la afecten. Como en el 2001 el FMI impuso el objetivo de déficit 0, ahora como meta fijada para el 2020.

La línea de crédito abierta por 50.000 millones de dólares se implementará con un adelanto de 15000 millones y posteriores desembolsos sujetos al cumplimiento del programa económico impuesto por el fondo. La vuelta al FMI significa la renuncia a la autonomía ganada cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió cancelar toda la deuda con ese organismo internacional. Ahora el corazón de la política económica quedaría fuera de la decisión ciudadana, de sus gobernantes y representantes para ser definida por expertos del organismo que opera como el gran auditor de los capitales financieros globales. El monto del préstamo se aproxima a la suma de los vencimientos de capital e intereses de los años 2018 y 2019; lo que supone que el nivel se ha determinado en función de garantizar el repago de la deuda. El volumen es de una magnitud significativa que traduce el apoyo al régimen fundamentalista del neoliberalismo implantado por el PRO y la UCR en nuestro país. Ese apoyo no es ajeno al respaldo de EEUU al avance de políticas que, en el orden del alineamiento a su estrategia continental, la represión interna y la reformulación del rol de las FFAA viene implementando el gobierno. Resulta seguro, de proseguirse con la implementación del acuerdo crediticio, que ese rumbo será acentuado.

El fondo exigió la flexiblidad cambiaria, lo que importará una depreciación en escalera del valor del peso con la consecuente caída del nivel de actividad, del salario y del empleo asociados a la reducción de las importaciones de los insumos necesarios para su sostenimiento. La política cambiaria sumada a la reducción de las retenciones acelerará la concentración de la riqueza en las cerealeras y los agentes intervinientes en la producción primaria y sectores vinculados.

La reforma estructural de fondo que ha sido explicitada en el acuerdo es el cambio de la Carta Orgánica del BCRA. La CO aprobada en el 2012 con objetivos múltiples ponía al Banco Central como instrumento del desarrollo y amplió su posibilidad de asistencia al Tesoro Nacional. Ahora se propone un agudo retroceso, porque se eliminaría la atribución para esa asistencia, a la vez que el único objetivo sería atender a la estabilidad de precios. También se propugnan modificaciones en el régimen de estabilidad de los directores. Se fomenta el divorcio del BCRA de la orientación general de gobiernos y representantes electos por el voto del pueblo. Para el caso del arribo de un gobierno popular en el futuro, la entidad será el enemigo insertado en el aparato del Estado por el establishment del capital financiero internacional.

Así se avanza en la implementación del modelo económico de Metas de Inflación, en su versión ortodoxa de manual más acabada, que el FMI predica en su repertorio actual de recomendaciones. Las tasas altas de interés para combatir la inflación se traducirán en crecientes beneficios para los capitales golondrinas que vienen a rentabilizarse en el corto plazo. Tasas altas y tipo de cambio devaluado con restricción fiscal compondrán una drástica recesión con costos altísimos para los sectores populares y las pequeñas y medianas empresas, así como para las economías regionales, agregándosele una crisis para las finanzas provinciales.

Resulta avieso y repudiable que los plazos del crédito otorgado (36 meses) como la reforma de la CO del Banco Central sean impuestos como una carga que hipotecará los márgenes de acción para el período posterior al de la presidencia de Macri, mientras que le tranquilizarán el escenario para la futura campaña electoral.

URGENTE E INDISPENSABLE

Por todo lo enunciado y denunciado es necesario ponerle freno y evitar el progreso de este acuerdo. Los ajustes deberán ser sometidos a debate en la Ley de Presupuesto, mientras que la reforma de la Carta Orgánica requiere una Ley específica. Sin apoyo de la oposición no hay leyes para implementar la política que se pretende imponer. El contrato electoral ha sido roto completamente por el macrismo, y con esta nueva etapa abandonarán el gradualismo. Es imperioso que toda la oposición descarte cualquier gesto que le otorgue gobernabilidad a esta política de retroceso social, de entrega de la soberanía nacional y renuncia a la independencia económica. Sería gravísimo que se repitan situaciones como las protagonizadas por una parte de la oposición cuando votara la ley que habilitó el pago a los buitres, actitud (como la de Massa) colaboradora con Cambiemos que creó las condiciones para el curso de las políticas actuales que están destruyendo a la Nación. O que se reiteren bochornosas y reprobables “agachadas” como las abstenciones (ej: Abal Medina) o votos aprobatorios cuando se trató la reforma previsional que perjudicó los ajustes de las jubilaciones.

Es urgente que todos los bloques parlamentarios que se propongan impedir la consumación de la rendición ante el FMI, decidida por los CEOS que gobiernan, se pronuncien claramente comprometiéndose a que usarán todos los métodos eficaces, desde el voto negativo hasta el no otorgamiento del quórum, para evitar la sanción de leyes que viabilicen el acuerdo. Una conducta que no se alinee en esa dirección dividirá inevitablemente aguas entre quienes se identifiquen con la defensa de un rumbo democrático, nacional y popular y otros que decidan ser la pseudo oposición dentro del régimen neoliberal. Ese pronunciamiento público de los opositores debe ser inmediato – en función de lograr la interrupción del avance del acuerdo- y tendrá que incluir la advertencia que en el caso de obtenerse el ejercicio del gobierno en el 2019 no se seguirán aplicando las políticas convenidas para el stand-by. Las actitudes de los distintos agrupamientos políticos en el 2018 frente al ajuste fondomonetarista diseñarán inevitablemente el futuro político argentino, incluyendo el del mapa electoral, porque es inconcebible la concurrencia conjunta a los comicios de quienes se habrán comprometido en combatir al neoliberalismo con otros que explícita o tácitamente habrán adoptado el comportamiento de otorgarle gobernabilidad.

Así mismo, manifestamos nuestra desazón por las dilaciones del triunvirato de la CGT en fijar la fecha del paro general, cuya consigna central debe ser oponerse al acuerdo con el FMI. Nada puede ser subsanado en el marco de ese acuerdo. Las direcciones sindicales que no lo combatan con todos los medios quedarán señaladas como colaboradoras con una política cuyo objetivo central es el ataque a las conquistas de los trabajadores y los más desposeídos. Así también ocurrirá con los políticos que aquellas sostengan como candidatos para la representación popular.

Es necesario oponer al programa del Fondo uno propio cuyos lineamientos principales no pueden omitir la reposición de los instrumentos de regulación al movimiento de capitales, la recuperación del dispositivo regulatorio del mercado de cambios, la implementación de una institucionalidad que permita la intervención y regulación del comercio exterior por parte del Estado, la dinamización de las paritarias para la recuperación del salario, la implementación de una ley de medios de comunicación que termine con la censura privada a las expresiones que no coinciden con los requerimientos del poder mediático, financiero y económico, y una reforma judicial profunda que concluya con la articulación del poder judicial con el establishment económico y político de nuestro país.

CARTA ABIERTA, 8 de junio de 2018

Lagarde FMI

Foto: Argentinatoday.org

Cuando Macri accedió al gobierno, intentó como una de sus primeras medidas el nombramiento de jueces por decreto en una clara demostración del inicio de una gestión que iba en dirección de gobernar con desafección por el Estado de Derecho. Luego hostigaron a la excelente conducción de la UIF dirigida por José Sbatella, al que llevaron a la renuncia y a innumerables y arbitrarias causas, reemplazándolo por un grupo de gestión claramente vinculado con las estructuras de la fuga de capitales. También acosaron y obtuvieron la renuncia de Alejandro Vanoli quien tenía mandato por varios años más, y fue reemplazado por Sturzenegger para aplicar un programa violatorio de la Ley que regula la actividad del Banco Central.

En Enero de 2016 apresaron a Milagro Sala y hoy continúa ilegalmente detenida, a pesar de los reclamos y sentencias internacionales. Dijimos entonces que esa maniobra era el laboratorio de ensayo de políticas represivas y persecutorias que llegarían hasta Cristina Fernández de Kirchner.

Más tarde se profundizó la ofensiva y obtuvieron el desafuero del ex Ministro de Planificación Julio De Vido, sometido a escarnio público con fotos filtradas por miembros del aparato estatal y sin que mediara ninguna razón para detenerlo ni existiera condena alguna sobre el mismo. Enseguida se procedió el procesamiento de Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, a quien se puso preso sin condena ni indagatoria previa.

También se procesó a Guillermo Moreno, en venganza por su participación en la investigación sobre la apropiación de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación. La venganza es la política judicial del régimen ceocrático que también en el caso de Boudou pretende escarmentar a quien promovió la estatización del sistema jubilatorio, o en el caso de Vanoli por hacerle frente al intento de los grupos de poder de generar una crisis cambiaria previa a las elecciones de octubre de 2015.

El otro ámbito que eligieron para desarticular los controles que podía tener una gestión política fue el del Ministerio Fiscal, en el que obstaculizaron el trabajo de la Procuradora Gils Carbó, a quien le hicieron imposible cumplir con su misión hasta obtener su renuncia que significó el incumplimiento de la legalidad en cuanto a la independencia de ese instituto jurídico.

El Poder Judicial fue constituido en un ámbito servil del Poder Ejecutivo por la llegada de Rozenkrantz y Rosatti votada por la Alianza Cambiemos gobernante y por los senadores de un sector del PJ, muchos de los cuales hoy se avienen a hacerlo con las reformas del paquete regresivo en términos de derechos económicos y sociales que representan los proyectos de leyes previsional, laboral y fiscal. Contubernio parlamentario que también habilitó un pago vergonzoso a los fondos buitres que abrió el camino para el vertiginoso endeudamiento que ha emprendido el gobierno, hegemonizado por los CEOS del capital financiero.

Toda la acción política y mediática tiene su centro en la destrucción del kirchnerismo, como parte de una contraofensiva en el continente de la potencia hegemónica y de los grupos de poder económico articulados en la globalización financiera, quienes reaccionaron frente a los proyectos autónomos, democráticos, redistribucionistas e industrializadores surgidos a principios de siglo.

Para la destrucción del kirchnerismo, y de su potencia transformadora, el gobierno de la oligarquía diversificada ha emprendido directamente las actividades para juzgar, desaforar y detener a Cristina Fernández de Kirchner. En ese rumbo acuden hoy al inconstitucional y absurdo proceso judicial conducido por el juez Bonadío, dependiente de y a las órdenes de Macri, en relación al Pacto con Irán nunca aplicado, que fue votado por el Parlamento y sobre cuyas características que hacían absurda cualquier denuncia se había pronunciado el Juez Rafecas en un histórico fallo. Siguiendo con su peligrosa política de deterioro de la democracia argentina, el gobierno de Cambiemos suma a los ilegales encarcelamientos de Milagro Sala, de Julio De Vido y de Amado Boudou, la prisión del ex ministro Timerman.

Ahora definieron ir por Cristina Fernández de Kirchner, conducción de un vasto sector popular que se opone a las políticas de ajuste permanente de Cambiemos y a los avances anti-democráticos que pretenden asegurar crecientes niveles de inequidad económica para nuestro pueblo.

Desde Carta Abierta nos sumamos a denunciar que el gobierno de Cambiemos está poniendo en grave peligro a la democracia, al estado de derecho y a las mismas bases de convivencia pacífica entre los argentinos. Este gobierno ya ha iniciado e intensifica una política sistemática de convertir en presos políticos a los ex funcionarios de los gobiernos de carácter nacional y popular que presidieron Néstor y Cristina. Ahora se ha detenido en procedimientos nocturnos a Zannini, ex Secretario legal de la Presidencia, y a D’Elía, dirigente social caracterizado por su decidida actuación movilizadora frente a los intentos destituyentes que los que hoy gobiernan habían desplegado para cancelar o limitar antidemocráticamente la gestión anterior. También quedó procesado el dirigente de “La Cámpora” Larroque.

Mientras tanto permanece detenida la militante social Milagro Sala, en una prisión dispuesta por el gobernador de la Provincia, que ha sometido el poder judicial a las lógicas del ejecutivo y actuado inconstitucionalmente, desconociendo los compromisos internacionales asumidos por Argentina y llevados a la Carta Magna en su última modificación. Esta conducta ha sido avalada y compartida por el Poder Ejecutivo Nacional.

Los jueces como Rafecas, que fue independiente y valiente en el fallo sobre el acuerdo con Irán, que fue impecable en su actuación en las causas de derechos humanos, también están siendo perseguidos con el objetivo de destituirlos de su función. No es el único, también lo es Rozanski, quien condenara a Etchecolatz. Así, el gobierno sigue con la persecución de la que ya fuera víctima el juez Freiler, que con una maniobra que incluyó actos procesales reñidos con el comportamiento a derecho, fue desplazado de la Cámara de Casación en represalia por su actuación en el tema de Papel Prensa. También fue suspendido el juez Arias por el contenido de sus fallos respecto de los aumentos de las tarifas eléctricas.

Todos los casos de persecución que denunciamos no sólo buscan la construcción del régimen de impunidad por parte de un poder económico fusionado hoy con el gobierno de los CEOS, que hoy se encuentra a la ofensiva, y que en base al ejercicio del monopolio mediático, a la despolitización promovida en la sociedad y a la mentira como lógica de discurso preelectoral, han logrado resultados favorables en los comicios.

Pretenden construir la perpetuación en el poder de las políticas que perjudican a las mayorías populares. Por eso quieren proscribir políticamente a Cristina Fernández y al kirchnerismo y construir un bipartidismo que disfrace una mentirosa alternancia de dos opciones con una sola política.

La proscripción que se pretende en Argentina tiene la misma raíz que la que se busca en Brasil respecto de Lula. Resulta entonces necesario la construcción de una fuerza frentista política y social de resistencia a la ofensiva del capital concentrado contra los pueblos y las políticas que los representan y defienden.

Es necesario parar el intento de grupos económicos y partidos políticos que, en base a una oportunista manipulación de una coyuntura que les resulta funcional, y favorecidos por una estructura concentrada del régimen de propiedad en sectores claves de la vida económica y cultural, se han embarcado en la degradación del Estado de Derecho.

Han acometido la consecución de este objetivo en distintas fases, la primera fue la sumisión de la Justicia para construir la impunidad del poder, para luego proscribir a la oposición sobre la base de la judicialización de sus referentes en causas armadas por un poder judicial sometido, proseguido por una política represiva con presos sociales, y palos y balas para las acciones de protesta, como las que ya han causado la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, más la represión en establecimientos fabriles en los que los trabajadores defienden el empleo frente a políticas de despidos y a movimientos sociales que reclaman la mínima ayuda social para la subsistencia. La intensificación e institucionalización permanente del control social y la represión sobre la sociedad y el pueblo son motivo de propuestas y proyectos que intentan modificar el orden legal vigente para involucrar a las fuerzas armadas en los conflictos internos.

La demolición del poder judicial en marcha, la persecución e intento de destrucción del kirchnerismo -principal oposición real en Argentina-, la represión al movimiento social y popular, las políticas regresivas destructoras de derechos económicos y sociales, el silenciamiento mediático como ocurrió en los caso de Victor Hugo y Navarro, las apretadas a propietarios de medios opositores para condicionar su libertad de expresión, la extorsión a los gobernadores de provincias para someter su voto al funcionamiento de sus distritos, anulando el ejercicio libre de su voluntad y convicciones, los intentos de retroceder en los juicios a los genocidas como en el caso del fallo del 2x1, conforman un estado de excepción, en el que pese a la existencia de autoridades votadas en elecciones libres, la democracia resulta corroída con la voluntad de destruirla, conservando sólo algunos rasgos de su formalidad para ocultar un régimen plutocrático y represivo.

EXIGIMOS EL CESE A LA PERSECUCIÓN DE LOS EX FUNCIONARIOS DEL KIRCHNERISMO.

EXIGIMOS EL RESTABLECIMIENTO DE UN PODER JUDICIAL QUE RESPETE EL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.

DENUNCIAMOS EL INTENTO DE PROSCRIBIR A LA LIDER DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA: CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

RECLAMAMOS LA LIBERTAD DE MILAGRO SALA, CARLOS ZANNINI, HECTOR TIMERMAN, JULIO DE VIDO, AMADO BOUDOU, LUIS D’ELIA, FERNANDO ESTECHE Y DEMAS PRESOS POLITICOS.

DEMANDAMOS CAMBIOS EN LA POLÍTCA DE SEGURIDAD QUE SIGNIFIQUEN EL CESE DE LA REPRESIÓN A LAS LUCHAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y POPULARES.

NOS PRONUNCIAMOS CONTRA LAS REFORMAS ANTIPOPULARES DEL RÉGIMEN PREVISIONAL, FISCAL Y LABORAL.

DENUNCIAMOS QUE SE PUSO EN MARCHA UN PLAN DE DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ARGENTINA.

ESPACIO CARTA ABIERTA

7 DE DICIEMBRE DE 2017

El 21 de febrero numerosos sindicatos de la CGT, la CTA de los TRABAJADORES, la Corriente Federal Sindical,  la CTA Autónoma, las organizaciones sociales, de DDHH y de la pequeña industria y del comercio se aunaran en una protesta popular en rechazo a las políticas de ajuste y represión contra el pueblo por parte del gobierno de CAMBIEMOS.

Estamos convencidos de la imperiosa necesidad de la unidad popular para enfrentar exitosamente las políticas de reestructuración de la economía y la sociedad que lleva adelante el macrismo en todo el país, ostentando una suma de poder (político, económico, judicial y mediático) sin precedentes en Argentina en las etapas de vigencia de los derechos democráticos.

Les falta concretar la máxima aspiración: la reducción del salario de lxs trabajadorxs –en relación de dependencia o cuentapropistas- para así completar el modelo neoliberal con la más injusta distribución de la riqueza. No la han podido concretar en más de dos años de gobierno porque son  las organizaciones sindicales mediante las paritarias las que tratan de mantener el poder adquisitivo del salario ante el aumento de la mayoría de los precios de la economía. Por eso la judicialización y persecución a sindicatos, independientemente del color político de sus dirigentes.

Creemos, ante este panorama, que la unidad de acción en la calle de lxs trabajadorxs es definitoria en este momento crucial que estamos viviendo. Las manifestaciones populares el 14 y 18 de diciembre contra el saqueo a lxs jubiladxs constituyeron evidente signo de que se comenzó a romper el sortilegio que el discurso de Cambiemos ejerció sobre importantes capas de nuestra sociedad.

Por todo esto, nos sumamos a la convocatoria y a la participación en la marcha del 21F, en rechazo a la reforma previsional y a la proyectada reforma laboral, en defensa del ejercicio pleno de los derechos adquiridos de los trabajadores y a la realización de paritarias libres sin condicionamientos, el cese de los despidos, la precarización laboral y los tarifazos.

Finalmente es indispensable y urgente la restauración plena del estado de derecho y la libertad de todos los presos políticos.

Como hemos hecho desde hace tiempo, los convocamos a marchar junto a lxs compañerxs de la CTA de los TRABAJADORES.

GendarmesMaldonado

  "Sienta la satisfacción moral de un acto de libertad”

Hace ya un largo mes, en el contexto del desigual enfrentamiento entre un pequeño grupo de la comunidad Mapuche y tropas de la Gendarmería Nacional, a las órdenes directas del Ministerio de Seguridad, superiores en número, en pertrechos y en capacidad operativa, es desaparecido Santiago Maldonado que, simpatizando con la causa de ese pueblo, en especial con la reivindicación de su derecho sobre territorios ancestrales, había acercado su solidaridad. Es innegable su presencia en el lugar y contundentes las pruebas sobre su detención por la gendarmería, punto de partida de su desaparición. De entre los más de 100 efectivos, participantes directos o indirectos de su detención/desaparición, de entre los integrantes de esa fuerza o de las restantes fuerzas provinciales o federales que no participaron directamente en el teatro de operaciones pero tuvieron relación mediata con los hechos, de los familiares de esos  gendarmes o integrantes de otras fuerzas, de sus amigos o de cualquier otro ciudadano que por la razón que fuera, por cualquier motivo, sea depositario de informaciones que puedan conducir a esclarecer la desaparición de Santiago, debe salir el ser humano que proporcione los indicios para salir de una incertidumbre cruel que aflige a sus padres, hermanos, familiares, amigos y a todo el pueblo argentino.

Leer más: Carta abierta a los gendarmes, a sus familiares, amigos y a cualquier otro ciudadano que por la...